El relator de la CIDH para personas privadas de libertad advierte sobre el retroceso en materia de derechos humanos en la región. Afirma que en la Argentina ha visto “señales que nos preocupan” y remarca el incumplimiento de las disposiciones de ese organismo. La inquietud en torno a los casos de Milagro Sala y Santiago Maldonado.

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¿Qué se hace cuando un Estado se niega a cumplir una medida cautelar? James Cavallaro es uno de siete comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para las personas privadas de libertad. Recuerda que la Corte Suprema argentina en ocasiones no estuvo de acuerdo con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero aún así los cumplió como en el caso Bulacio. En escenarios como el presente, con el caso de Milagro Sala de fondo, dice que corresponde a la CIDH “hasta cierto punto” pensar diversos mecanismos. Pero dice “no tenemos cascos azules ni ejércitos para mandar, entonces ahí dependemos de las fuerzas políticas de cada Estado” y  “no es que nos falta capacidad política, pero llega un punto en que la decisión es del Estado y del pueblo”.

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Cavallaro estuvo en Argentina para presentar un informe sobre la situación de las cárceles y en las audiencias de Montevideo donde la CIDH trató los casos de Milagro Sala, Santiago Maldonado y llevó adelante audiencias públicas sobre el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y, en los derechos laborales. “Nosotros esperamos que Argentina, que tiene el papel histórico de líder en los derechos humanos, siga con ese liderazgo. Y tengo que decir que hemos visto señales que nos preocupan”, dice en esta entrevista con PáginaI12. “Hay un discurso de reconocer la existencia de los problemas, pero estamos a la espera de políticas coherentes, a la altura de los problemas, necesarias, no sólo para reconocer que hay violaciones, sino para resolver las violaciones. Y esperamos que Argentina recupere o siga el liderazgo que ha tenido en el pasado.”

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–El informe difundido al cierre de las audiencias señala un avance en la región de graves riesgos en materia de derechos humanos. ¿Qué vieron estos días?

–El diagnóstico que hacemos en el hemisferio es que enfrentamos desafíos muy grandes, desafíos en casi todos los sentidos. Hay lugares y discursos que cuestionan no sólo determinadas políticas o actitudes de la Comisión o de otros organismos de defensa y  promoción de los derechos humanos. Sino, el propio concepto y la idea de los derechos humanos. Y esto sucede desde arriba, en el norte, hasta el sur. Estamos frente a discursos de odio, discursos que buscan responsabilizar a determinados grupos por su orientación sexual, su estatus migratorio, su raza, su etnia.  Hay discursos de odio que buscan limitar, excluir, reducir y negar a ciertas personas en sus derechos. Y por otro lado, hay discursos y prácticas que están limitando y restringiendo la capacidad de las personas que defienden a los derechos humanos. Se escuchan cosas como: “Ah, ellos están en contra de tal proyecto de desarrollo, son enemigos del desarrollo”. Y esto va hacia los que defienden a los pueblos indígenas, a las comunidades. Entonces, encontramos esos discursos. Pero además, hemos visto en las audiencias, prácticas muy preocupantes. Defensoras y defensores nos informan de un aumento en la criminalización de la defensa de los derechos humanos con procesos ilegítimos contra ellos.

–El informe menciona situaciones de hostigamiento, persecución y asesinatos hacia ellos.

–Y hay Estados donde hay peligros muy evidentes como México, también sobre periodistas que han sido asesinados. Entonces, lo que encontramos es que, si bien es cierto que sigue habiendo en el hemisferio gobiernos democráticos, que sigue habiendo un consenso por lo menos en términos discursivos sobre que la democracia debe ser apoyada, encontramos prácticas antidemocráticas. Y eso abarca a los países de norte a sur. Encontramos tendencias preocupantes. En lo que se refiere a la Comisión, tenemos países que hasta cuestionan la obligación de las decisiones de la Corte Interamericana o de la Comisión. El caso Milagro Sala, por ejemplo, donde esperábamos ver el cumplimiento de parte del Estado argentino, y todavía lo esperamos ver. Y acá mismo en Uruguay (NdR: con la Corte que dictó un fallo que declara la prescripción de los delitos de lesa humanidad para un caso). Recién llegué corriendo de visitar la institución nacional de derechos humanos, el sitio donde nació Macarena Gelman. Nosotros agradecemos al Estado uruguayo por haber financiado las sesiones, por haber tenido sesiones incluso sobre Uruguay, lo cual es un excelente precedente. Reconocemos eso, pero también hay que reconocer el precedente de esa sentencia. Entonces, ahí estamos no sólo frente a las tensiones globales, sino a la relevancia de los Estados: o van a respetar el sistema que los mismos Estados han construido o van a buscar la conveniencia del caso por caso, según el asunto. ¿Van a decir: no vamos a cumplir con tal requerimiento porque esto es políticamente complicado? Esa no puede ser la práctica para los derechos humanos en países que se supone que son países democráticos con compromisos reales con los derechos humanos.

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