El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Escuela de Derecho de Stanford, La Barra Mexicana – Colegio de Abogados, y el Diálogo Interamericano concluyen que las propuestas de reforma constitucional en México son una amenaza directa a la independencia judicial y al Estado de derecho
2 de mayo de 2024 – La Barra Mexicana – Colegio de Abogados, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano publicaron hoy un informe que analiza las propuestas de reforma constitucional presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso mexicano en febrero de 2024. El análisis concluye que las propuestas sobre el poder judicial federal constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México.
Las propuestas incluyen la elección de juezas y jueces -incluidos las y los ministros de la Suprema Corte de la Nación- por votación popular; la reducción de sus mandatos; la vinculación de sus salarios a los del poder ejecutivo; y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros serían elegidos por votación popular.
Las conclusiones del reporte son claras: las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el Presiente Andrés Manuel López Obrador buscan afectar de manera dramática a los poderes judiciales de todo el país, en perjuicio de los derechos humanos de todas las y los mexicanos. Un golpe de esa magnitud no puede ser ignorado”, dijo Víctor Olé Peláez, presidente de la Barra Mexicana – Colegio de Abogados. “Este documento generar conciencia de lo que la pérdida de la independencia judicial significa para nuestras libertades”, agregó.
El informe señala que muy pocos países del mundo eligen a las y los jueces por votación popular. De ellos, sólo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para seleccionar a juezas y jueces de tribunales con jurisdicción constitucional. La experiencia de estos dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial.
“Al politizar el poder judicial, las propuestas de reforma negarían el acceso a la justicia”, afirmó Amrit Singh, profesora de práctica y directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford. “En lugar de resolver los casos con imparcialidad y actuar como control del abuso de poder, las y los jueces dictarían sentencias para complacer a quienes ostentan mayor poder y para ganar más votos. Las iniciativas de reforma pondrían en peligro los derechos de las minorías y el Estado de derecho”, mencionó.
El informe señala que elegir a ministras y ministros de la Suprema Corte, a juezas y jueces federales y a magistradas y magistrados por votación popular crearía incentivos para que emitan decisiones para satisfacer a los grupos políticos, en lugar de decidir imparcialmente los casos basándose únicamente en los hechos y en el derecho. Reducir el mandato judicial para que coincida con el sexenio presidencial politiza aún más la selección de juezas y jueces. Exigir a las y los jueces en funciones que renuncien cuando las y los nuevos jueces electos tomen posesión de sus cargos socava la garantía de permanencia en el cargo, que es necesaria para preservar la independencia judicial. Un Tribunal de Disciplina Judicial elegido por votación popular, cuyo mandato coincidiría con el presidencial, y cuyas decisiones serían definitivas e inapelables, podría convertirse en un arma contra juezas y jueces – incluidas las y los ministros de la Suprema Corte de la Nación- que adopten decisiones adversas al gobierno de turno. El informe explica por qué las propuestas son contrarias a las normas y estándares internacionales sobre independencia judicial.
El 2 de junio de 2024, el pueblo mexicano acudirá a las urnas para elegir a su próximo presidente y legisladores. Una victoria decisiva en las elecciones legislativas para el partido gobernante, Morena, podría reforzar su control sobre el Congreso, potencialmente perpetuando el proyecto populista de López Obrador al socavar aún más los frenos y contrapesos en el país. Claudia Sheinbaum, la candidata del partido oficialista, ha apoyado públicamente la elección de juezas y jueces por votación popular, aunque queda por verse hasta qué punto aplicará las políticas de López Obrador si gana.
“Durante la administración de López Obrador, el gobierno ha socavado continuamente las instituciones independientes que están destinadas a controlar las acciones del poder ejecutivo”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano. “Mientras las y los mexicanos se dirigen a las urnas en unas elecciones que están poniendo a prueba la democracia mexicana, es fundamental que la protección de la independencia judicial y el Estado de derecho esté en el centro de cualquier debate público sobre el futuro de México ”.
Acerca de La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., es una asociación civil debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, cuyo objeto social es fomentar en sus miembros, y en la sociedad en general, el espíritu de equidad y la lucha por la plena realización de la seguridad, la justicia y la defensa de todos los principios del derecho, así como procurar el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación de la ley.
Acerca del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Universidad Stanford
El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford estudia y despliega herramientas jurídicas (litigios e investigación jurídica, documentación y defensa) en estrecha colaboración con profesionales y académicos locales para combatir el declive democrático en todo el mundo, incluido Estados Unidos. El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho se inspira en el modelo de Laboratorios de Impacto de Stanford, que se centra en abordar algunos de los retos más acuciantes del mundo a través de los esfuerzos combinados de investigadores y responsables políticos que trabajan en una amplia gama de disciplinas.
Acerca del Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano
El Diálogo Interamericano es una organización sin fines de lucro que compromete a su red de líderes a nivel global a fomentar la gobernanza democrática, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe. Trabaja para dar forma al debate político, idear soluciones y mejorar la cooperación en el hemisferio occidental. Lanzado en 2015, el Programa sobre Estado de derecho es el programa insignia del Diálogo sobre democracia, derechos humanos, lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana en las Américas.